Last Updated on April 10, 2025
El pasado sábado 12 de noviembre, Jeremy Abraham Barrios Lima fue asesinado mientras caminaba en la Ciudad de Guatemala. Fueron dos hombres que pasaban en moto que le mataron con dos balazos en la cabeza; no le robaron nada, y el nunca había sido amenazado antes. Jeremy, de 22 anos era el asistente de Yuri Melini, director general del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS) de Guatemala, posiblemente su asesinato, sea por su calidad de defensor de derechos humanos como el caso de Berta Cáceres, y con ello se envía un mensaje político.
Jeremy fue un líder estudiantil, y desde hace dos anos asistía el director de CALAS, teniendo acceso a información sensible. El presidente y el principal abogado de CALAS ya habían sido atacados antes y ambos habían logrado medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De hecho, Yuri fue atacado a balazos en 2008, guardando secuelas físicas importantes hasta hoy. El ataque fue contra el asistente que no gozaba de protección jurídica.
CALAS es una de las pocas organizaciones que presenta acciones legales contra industrias de mega-minería y hidroeléctricas en Guatemala; entre otras como la Asociación de Abogados Mayas Nim Ajpu, Bufete de derechos Humanos, Consejo de Pueblos de Occidente y otros. CALAS es una de las organización ambientalistas mas activas de Guatemala, y ha sufrido atentados y varias amenazas. Hace unos anos pasaron disparando contra la oficina de la organización.
La organización CALAS monitorea sectores privados y estatales en Guatemala. Primero, es una organización faro en temas ambientalistas que ha logrado suspender algunas actividades mineras, como por ejemplo el Proyecto Derivados 7 de Kappes Cassiday & Associates en San Pedro Ayampuc.
Segundo, CALAS presentó en septiembre una denuncia contra el Presidente de la Republica y Vicepresidente, por haber violado la constitución en reacción al decreto 5-2016, que declara un estado de prevención a nivel nacional y limita algunas garantías constitucionales entre ellas la liberta de prensa.
El asesinato de Jeremy evidencia que la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indigenas es un oficio peligroso en Guatemala.
Ramón Cadena, representante de la Comisión Internacional de Juristas en Centro-América, tuvo su casa invadida dos veces en un mes y tuvo documentos y su computadora robada.
Amilcar Pop, diputado Maya por Winaq en el Congreso y fundador de la Asociación de Abogados Mayas, sufre amenazas y ataques políticos. En su caso, es la cementera Cementos Progreso que explota minas sin consulta San Juan Sacatepéquez que utiliza a sus trabajadores para presentar falsas denuncias en contra del diputado para quitarle la inmunidad y lograr su retiro del congreso.
Los ataques sirven para instalar el miedo. Nadie sabe quien será el próximo. Los miembros de CALAS y otras organizaciones que resisten industrias extractivistas están en peligro.
El asesinato de Barrios confirma los asesinatos de activistas ambientales en Guatemala. Un reporte de Global Witness documentó al menos 10 asesinatos de defensores de la naturaleza en el país en 2015.
Como en el caso de Berta Cáceres, la activista ambiental asesinada en Honduras en marzo, la justicia tarda demasiado en llegar. El Estado de Guatemala tiene la obligación de llevar los responsables de la muerte de Jeremy Barrios ante las cortes de justicia y garantizar protección a quienes defienden los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Mas de 70 organizaciones de Guatemala, Honduras, México, Perú, España, El Salvador, Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, y plataformas internacionales como International Platform Against Impunity firmaron un comunicado pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata e imparcial por parte de la Unidad de Ataques contra Activistas de Derechos Humanos del Ministerio Público de Guatemala para que los autores del crimen sean identificados y sancionados.
También se pide que los miembros de CALAS reciban medidas cautelares, y que la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) y la comunidad internacional de seguimiento al caso.
Across the world right now, Indigenous peoples are facing a renewed assault on their lands, rights, and ways of life.
From extractive industries pushing deeper into ancestral territories, to governments rolling back hard-won protections,
the threat is global—and it is growing.
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